Organizaciones civiles se oponen a la iniciativa del Presidente de la República en materia de derechos humanos.

Un grupo de organizaciones civiles que integran el Comité de Enlace -ONG de derechos humanos que colaboran en el marco de un acuerdo de colaboración entre el gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos-, aseguran que la iniciativa de reforma en materia de derechos humanos enviada por el presidente Vicente Fox al Congreso de la Unión, el 26 de abril de este año, no contempla los acuerdos establecidos previamente ni las propuestas de las organizaciones civiles.

De acuerdo a miembros del dicho Comité de Enlace, la iniciativa no modifica la jerarquía de los tratados internacionales y esto implica que no se garantice en el marco jurídico el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Tampoco se incluye el derecho de garantía de audiencia para los extranjeros que fueran expulsados de nuestro territorio por causas que la autoridades pudieran considerar “un riesgo para la seguridad nacional”.

Sobre esta iniciativa, José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se mostró a favor de la misma, la cual considera según sus expresiones, una iniciativa de “vanguardia”.

En relación a los organismos públicos de derechos humanos, la propuesta del poder ejecutivo contempla una adición al apartado B, del artículo 102, a fin de respaldar la autonomía de gestión y de operación de las comisiones estatales de derechos humanos, así como también una modificación al artículo 105 para otorgar facultades, tanto al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como a los titulares de los organismos estatales de protección de derechos humanos para que puedan presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o tratados celebrados por el Estado mexicano que vulneren la protección a los derechos humanos en el ámbito de sus respectivas competencias.

De este modo la iniciativa de reforma al marco jurídico del Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos de México sólo contempla dos de las recomendaciones que emitió el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el año pasado, en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en lo referente al mejoramiento del marco normativo del sistema Ombudsman en el país. Lo anterior significa que la iniciativa de reforma no dotó a todos los Ombudsman de la facultad de iniciar leyes, así como tampoco incluyó dentro de la competencia de la CNDH y de las comisiones locales las violaciones a derechos humanos en materia electoral y laboral cuando se trate de asuntos no jurisdiccionales. Por otra parte, la iniciativa no confirió funciones a las comisiones locales de derechos humanos para coadyuvar con el organismo nacional en la atención de violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos federales, dentro de sus respectivas entidades federativas, ni estableció las bases legales para que los organismos públicos de protección a los derechos humanos extiendan su acción protectora ante los organismos internacionales de derechos humanos.

Para una mayor información acerca de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos, ver el comunicado de la Presidencia de la República en:

http://www.presidencia.gob.mx/?P=2&Orden=Leer&Tipo=PP&Art=8010